Published On:miércoles, 15 de marzo de 2017
Publicado por Redacción
Entregará FGE este miércoles, documentación del caso Beltrán al Congreso Local
*Reitera Xavier Olea en que la orden de aprehensión se
trataría de un error jurídico, si el MP cedió a supuestas presiones del crimen
organizado
Jesús García/API
Chilpancingo, Gro. 14 de Marzo del 2017.- A varios días
de la prorroga que otorgó el Congreso local a la Fiscalía General del Estado,
para que entregara la documentación sobre las pruebas que imputan al diputado
Saúl Beltrán Orozco por homicidio; el fiscal general Javier Olea Peláez aseguró
que este miércoles se entrega la documentación requerida, sobre la cual deberá
basarse la comisión instructora, y determinar o no el desafuero.
Además el funcionario, defendió que la premura
de la
conformación del expediente de volumen considerable, se debió a que parte de
este lo conforman archivos que se encontraban en la región de la Tierra
Caliente, de donde afirmó ya fueron sacados.
“El Expediente es voluminoso, se ordenaron y sacaron unas
copias y no llegaban porque se encontraban en Tierra Caliente, pero ya se
sacaron de allá y se presentarán mañana miércoles, ya está la instrucción”,
aseguró.
Sobre la trascendencia del tema de las presiones contra
el agente del ministerio público y la juez, y que en aparente consecuencia
libraron la orden de aprehensión contra el diputado Beltrán Orozco, el fiscal
del estado, afirmó que al menos por parte del ministerio público, la situación
ya está declarada en lo administrativo.
“A mí me lo dijo pero ya está declarado en procedimiento
administrativo que se le inició al Ministerio Público”, citó.
Ante los cuestionamientos sobre el caso, el fiscal
argumentó que él no es quien libra las ordenes, y que solo se encarga de hacer
la consignación respectiva del señalado, aunque los jueces son quienes
determinan si libran o no la respectiva orden de aprehensión.
“Yo no libró ordenes de aprehensión, si no los jueces
nosotros ponemos a disposición una acusación que se llama consignación y los
jueces son los que deciden; el servidor público se equivocó desde el punto de
vista jurídico” argumentó. (Agencia Periodística de Investigación)