La violencia contra las mujeres, en política, es cada vez más reconocida alrededor del mundo, pero especialmente en América Latina, como una nueva táctica para impedir la participación política de las mujeres.

Atenta contra sus derechos civiles; los Derechos civiles y políticos, o derechos civiles, que son los derechos que protegen las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal (represión) por parte del poder (sea el de los gobiernos o el de cualquier otro agente político público o privado), y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad, y sin discriminación. Por ello, en la conmemoración del día internacional de la mujer es importante abrir sobre este tema, debates emergentes.

En América Latina La violencia y el acoso político contra las mujeres describe comportamientos dirigidos específicamente contra las mujeres por ser mujeres con el propósito de que abandonen la política, presionándolas para que renuncian a ser candidatas o a un cargo político en particular. En América Latina este concepto apareció primero en Bolivia en el año 2000, cuando varias concejalas se reunieron un en seminario en la Cámara de Diputados para discutir reportes en relación con el acoso y la violencia contra las mujeres en municipios rurales. Diversos eventos que se realizaron a partir de esta reunión jugaron un papel fundamental en toda la región, para dar nombre a este fenómeno, definir sus límites en términos del tipo de acciones que constituyen violencia y acoso político, y privilegiar reformas legales como la estrategia primaria para combatir este fenómeno creciente.

En México el tema es casi incipiente a pesar de que llevamos mucho tiempo en la lucha por la equidad, la igualdad de oportunidades y ahora por la paridad en el acceso a los lugares de representación popular. Hagamos un análisis breve de los avances de los Derechos políticos de las mujeres en México.

El primero, en 1953, cuando logramos el derecho al voto.

El segundo, en 1996 y con mayor fuerza en 2002, cuando logramos incorporar de manera obligatoria las cuotas de género como acción afirmativa para reducir las brechas en la participación política.

Y el tercer gran momento se tuvo en 2013, cuando en el marco de las reformas estructurales en México, la reforma político electoral incorporó el principio de paridad política.

En Guerrero se hizo valer, sin embargo aún no se cierra esta brecha para lo cual es el propio gobernador actual, el Lic. Héctor Astudillo Flores quien envío al Congreso la Propuesta de paridad en candidaturas quedando de la siguiente forma: Por unanimidad, el pleno del Congreso local aprobó una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, que obliga a todos los partidos políticos a postular al menos a 40 mujeres como candidatas a las presidencias municipales.

Se trata del decreto por el que se reforman los artículos 114, 132, 272, 289, 410, 411, 414 y 416 de la ley electoral local, presentada por el gobernador Héctor Astudillo Flores y que es producto del compromiso que asumió con la Red para el Avance Político de las Mujeres el pasado 11 de agosto.

Antes de esta reforma, la ley garantizaba la paridad sólo en las candidaturas a diputaciones locales (14 candidatas y 14 candidatos a diputados por partido).

Por esa razón en el proceso electoral de 2015 tres mujeres perredistas recurrieron al Tribunal Electoral del Estado (TEE) que, mediante una resolución, obligó a todos los partidos a registrar por lo menos a 40 mujeres en las 81 alcaldías como candidatas a presidentas.

Si bien el TEE intervino para garantizar la paridad en las elecciones de 2015, si no se reformaba la ley existía el riesgo de que esa situación se repitiera.

El dictamen que se presentó ante el pleno se aprobó por unanimidad de votos, sin embargo los legisladores coincidieron en que deben seguir trabajando para reformar la ley de tal forma que los partidos no coloquen a las mujeres en municipios o distritos donde no hay posibilidades de triunfo. El Sur de Acapulco. 15 de diciembre de 2016.

La intención es visibilizar los derechos políticos de las mujeres y evitar a toda costa la violencia política de género que tomó causes lamentables en los dos siguientes casos en nuestro país:

Posibles casos de violencia política en elecciones de 2015.

Gisela Mota Ocampo, alcaldesa de Temixco. Asesinada a un día de asumir su cargo público.

Aidé Nava González, precandidata del sol azteca a la alcaldía de Ahuacuotzingo. Asesinada en campaña.

Sin embargo, para acceder a la paridad debemos evitar la violencia política y a la fecha no esta tipificada y la int3ención es que sea descrita en el código penal y leyes electorales principalmente, en este sentido hay una gran avance, a últimas fechas representantes de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PRD), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación de la violencia política por razones de género, un tema congelado en el Congreso desde hace cuatro años. Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/03/2017