En sentido estricto y metafórico, “éramos muchos y parió la abuela”. Hay otro más cruel, “cuando a un circo le crecen los enanos, se acaba la fiesta”.

Contexto: Hará 3 años cuando la crisis política en el estado de Guerrero estaba en su punto más álgido, y el Senado de la República envió una comisión a verificar, las condiciones, para en su caso, iniciar un procedimiento de desaparición de Poderes.

Ante un escenario de quemas de edificios, paralización laboral, por la violencia que generó el reclamo por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, bloqueo carretero, secuestro de camiones distribuidores, quemas de oficinas partidarias, y en efecto una paralización parcial de servicios en los tres órdenes de gobierno.

Un grupo de Proyectistas, Secretarios de Acuerdos y Actuarios del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero (TSJG), consideró idóneo el inicio de una mini revolución e irrumpieron en una sesión del Pleno de Magistrados y con violencia inusitada, acorralaron a la Magistrada Presidente Lambertina Galeana Marín y a los Magistrados y con amenazas hicieron que les firmaran una minuta de “acuerdos”, donde establecían un reconocimiento a sus reclamos.

Envalentonados y en su tránsito por hacer válidos los “acuerdos”, solicitaron al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, su reconocimiento como sindicato. La respuesta llegó negativa. No pueden ser sindicato los trabajadores de confianza. Zas. Con jurisprudencia en la mano. Pero montados en su macho, les vale.

En efecto en el TSJG hay un sindicato administrativo y pertenece al SUSPEG. Los Actuarios, los Proyectistas y los Secretarios de Acuerdo, podrán formar una asociación civil, al igual que los jueces, pero nunca un sindicato. Porque en su contrato, reconocen ser personal de confianza. Y si tienen ideas, debieran iniciar una controversia constitucional y ahí si pueden hacer historia.

El problema surgió cuando la semana pasada, y en seguimiento a un plan de austeridad por la crisis del gasolinazo, un grupo de 6 personas, que se ostentan como líderes de un Sindicato inexistente y sin representación alguna, fueron informados, que por acuerdo del Pleno del TSJ, deben reintegrarse a sus labores que dejaron de hacer hace tiempo.

Al otro día convocaron a conferencia e iniciaron una guerra mediática. Y así están desde hace unos días. Y supongo que seguirán, hasta que los corran o vuelvan a rescatar con violencia otro acuerdo como el que lograron hace tres años.

Las circunstancias han cambiado. Hoy, hay un pleno funcionamiento de los Poderes en el estado. Ha crecido y se ha fortalecido la infraestructura judicial. Se inauguran nuevos edificios en Ometepec, Acapulco y en Chilpancingo. Hay un nuevo Sistema Judicial Acusatorio y una condición laboral favorable al Nuevo Sistema. Lo cierto, es que con la ley en la mano. La ley se aplicará.

Total coincidencia tengo con la Diputada Isabel Rodríguez Córdoba quien propone reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para fortalecer a la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, y agregarle atribuciones en materia de combate a la corrupción.

Está claro que hay una deuda de parte del Legislativo local, para adecuar las normas locales a las federales, que permitan poner más atención a promover una más y mejor transparencia y un combate más efectivo a la corrupción.