El camino que serpentea por las faldas de los cerros
rumbo a La Concordia, municipio de Ayutla, luce abandonado. La última vez que
una maquina rastreó ese tramo fue hace cuatro años, cuando se pavimentó la
carretera que va de Ayutla a Coapinola. A partir de ahí, ya no siguió la
pavimentación, a pesar de que desde entonces el municipio ha tenido dos
presidentes municipales.
En esa brecha llena de zacate y árboles caminan María y
Micaela. Cada una lleva una carga de leña sobre la espalda y van descalzas, a
pesar de que a esa hora la tierra hierve y en el piso lleno de gravilla suele
haber espinas.
Aquí es común que las mujeres acarreen leña los días de
cosecha, cuando vuelven de llevar de comer a los hombres que se ocupan de los
cultivos.
Casi al llegar a El Paraíso, el ladrido de los perros y
el canto de los gallos anuncian la cercanía del pueblo. Allí, donde el camino
se esconde entre árboles y arbustos, la vista del lienzo colorido de las flores
de otoño y el aroma que sueltan el cempaxúchitl y las campanitas, hacen menos
pesada la carga.
Al cruzar el arroyo grande, madre e hija se alzan las
enaguas descoloridas hasta las rodillas para no mojárselas. No se detienen a
disfrutar el agua fresca del riachuelo, siguen caminando como si nada, con los
pasos lentos del campo.
Las indígenas recuerdan que la última vez que vieron una
maquina rastreadora fue hace cuatro años. Desde entonces, la promesa de la
pavimentación de la carretera quedó sólo en palabras que nunca se cumplieron.
«Katyi ra ni nda kua’a ityi, ta ni tya’an xà ne (él dijo que arreglaría el
camino, pero aún no lo ha hecho)».
Las dos mujeres saben que cuando les arreglen la
carretera, ellas serás las principales beneficiadas, porque disminuirán las
muertes maternas y las muertes infantiles, tan comunes en estas comunidades por
falta de servicios.
Hay tramos de esta carretera que parecen barrancas. Los
pasajeros de la única camioneta de transporte público, resienten la caída del
vehículo en los baches y el brincoteo por tanta piedra filosa, que incluso podrían
ponchar alguna llanta.
Las localidades de esta zona ñuu savi (mixteca) quedan
aisladas hasta siete meses a partir del inicio de las lluvias. Cuando se
rastrea la carretera después de las lluvias, cuando mucho dura cinco meses en
buen estado; después, vuelve a quedar abandonada largo tiempo, a veces durante
años, como ahora que ya han pasado cuatro años sin que se repare.
Los Bienes Comunales de Coapinola y La Concordia tienen
grados de marginación muy altos. Costa Chica es la segunda región más pobre de
Guerrero. El 99.2 por ciento de las comunidades vive en pobreza extrema, según
datos del Consejo Nacional de la Población (Conapo), 2012.
Los pobladores de la mixteca de Ayutla, además de vivir
en pobreza extrema, sufren con mucha frecuencia el acoso militar, sobre todo, a
partir del 7 de junio de 1997, cuando soldados del 48 Batallón de Infantería
asesinaron a 11 campesinos en la comunidad de El Charco.
En estas condiciones viven Micaela y su hija,
acostumbradas al caminar diario, sin importar el intenso calor y las malas
condiciones del camino. Lo que quieren es llegar a tiempo a casa a preparar la
cena para sus maridos, que ya no tardarán en regresar.
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Con el pretexto de aplicar la Ley de Armas de Fuego y
Explosivos, y la guerra contra el narcotráfico, se instalan retenes en caminos
y brechas que comunican las comunidades ñuu savi, militarización que no ha
cesado desde el 7 de junio de 1997, cuando soldados del Ejército mexicano
asesinaron a 11 campesinos en El Charco.
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por el
Ejército mexicano, documentadas por organismos civiles de derechos humanos son:
tortura, desapariciones forzadas de personas, violaciones sexuales, detenciones
arbitrarias, intimidaciones, despojo de tierras e interrogatorios ilegales.
Organizaciones sociales, como el Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan, sostienen que la militarización en la zona
indígena viola los derechos humanos de los habitantes en el municipio de
Ayutla. Esto debido a que dos de los líderes indígenas fueron detenidos y
encarcelados en 2013: Arturo Campos Herrera y Bernardino García Francisco.
Tlachinollan condena: «Las políticas públicas no han
abordado las causas estructurales de la pobreza, la miseria y la migración
masiva que propician la violencia. Y las intervenciones del Ejército en las
tareas de contrainsurgencia y de seguridad pública, que han dejado un alto
número de violaciones a los derechos humanos de la población».
«En el municipio de Ayutla, el trabajo de la Organización
Indígena del Pueblo Na savi (mixtecos) y la Organización del Pueblo Indígena Me
phaa (tlapanecos), responde a las necesidades organizativas de las comunidades
para superar un contexto de pobreza, marginación y fuerte discriminación hacia
las poblaciones indígenas. Sus demandas a los poderes públicos, sobre todo del
ámbito municipal, se centran en una distribución más equitativa de los recursos
que les permita tener acceso a servicios públicos. Estas organizaciones
denuncian que la militarización de sus territorios es la principal respuesta
que han recibido ante sus reivindicaciones de derechos», se lee en el informe
de Brigadas Internacionales de Paz - Proyecto México.
***
Después de caminar una hora, escucho el balido de los
chivos que brincan de un lado a otro; a unos metros de ahí veo a una mujer
vestida con huipil (blusa) blanco y enaguas moradas que sostiene un machete,
bajo la sombra de los abetos.
La marginación de esta zona se explica por los pies de
las mujeres y niños. Casi el 80 por ciento no usa huaraches: andan descalzos
incluso cuando tienen que caminar trechos largos por esos caminos pedregosos.
«Ya va’a un nana (Está bien, señora)» saludo a la mujer
en su lengua materna. Ella contesta con la misma palabra con una voz más aguda.
El saludo sirve para entablar la plática.
Dice que se llama Librada y me cuenta que todos los días
sale a cuidar sus chivas porque es su única fuente de trabajo y economía. Que
siempre lo hace en ese tramo porque es más fácil de llegar.
Aprovecho para saber más sobre la carretera que no ha
sido reparada desde hace más de cuatro años. Dice que hace muchos años, cuando
pasó ahí la máquina para abrir la brecha en las faldas de los cerros, les
dijeron a los lugareños que se pavimentaría el camino, pero que nadie lo ha
arreglado.
La imagen de Librada evidencia el grado de marginación en
Guerrero, donde la población vive en condiciones paupérrimas, con bajos niveles
educativos y de salud, así como con los ingresos más bajos de la República
mexicana.
En 2005, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval) midió que de los tres millones 115 mil 202 de
guerrerenses, 42 por ciento se consideraba como pobres alimentarios; otro 50.2
por ciento se clasificó como pobres de capacidades, es decir, si bien sus
ingresos per cápita les permitían cubrir sus necesidades alimentarias, no les
alcanzaban para proporcionar educación y salud a los miembros de la familia.
Finalmente, 70.2 por ciento de los guerrerenses fueron catalogados como pobres
de patrimonio, por tanto, sus ingresos per cápita les eran suficientes para
cubrir las necesidades de alimento, salud y educación de su familia, más no
para adquirir ropa, calzado, vivienda y transporte.
En ese mismo año, el Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI) dio a conocer que en Guerrero 19.86 por ciento
de población de 15 años o más no sabe leer ni escribir, mientras que a escala
nacional el porcentaje era de 8.35, lo que colocaba al estado en términos de
analfabetismo, en 11.51 puntos porcentuales por arriba de la media nacional.
Librada se encuentra dentro de este porcentaje: no sabe
leer ni escribir; sólo se comunica en su lengua materna.
Hace un año, Minerva Emiliano Porfirio contó mientras
observaba la foto de su hija Alicia, de seis años, fallecida a causa de
tuberculosis: «Mi hija, la mató la pobreza: no tuvimos dinero para comprarle su
tratamiento, y en el centro de salud nos dijeron que no había medicinas. El
domingo que se puso grave la llevamos a Ayutla, pero no sirvió de nada; nomás
la llevamos a morir».
De ahí, el grado de marginación en servicios de salud, el
INEGI encontró en 2005 la carencia de estos servicios, el 74.8 por ciento de
los habitantes del estado, situación que se acentúa en las regiones Montaña,
Costa Chica y la Sierra, donde por falta de carreteras las comunidades se
encuentran aisladas. En la Montaña y Costa Chica se localizan los cuatro
pueblos indígenas asentados en Guerrero.
Datos de UNICEF 2005, señala que 96 por ciento de la
población indígena no tiene acceso a servicios de salud por falta de hospitales
con personal calificado y con equipamientos básicos. La Montaña cuenta con un
hospital general en Tlapa para atender a 300 mil 500 personas repartidas en 17
municipios (con sólo tres ginecólogos, dos anestesistas y un pediatra
contratados para cubrir un solo turno); seis hospitales básicos comunitarios
(sin especialistas ni equipamientos básicos) y unas 166 unidades de salud, de
las cuales más de la mitad no cuentan ni siquiera con la presencia de un médico
general (funcionan sólo con enfermeras y otro tipo de personal menos
calificado).
Librada confirma este escenario negativo cuando dice que
es muy común que los adultos y los niños se enfermen, aunque no alcance a
distinguir cuáles son las causas de las enfermedades y la muerte en su
comunidad.
***
Encorvadas por el peso que llevan en la espalda, caminan
a paso lento, en las faldas de los cerros que los llevan a El Paraíso. Micaela
viste huipil y enaguas blancas, mientras María lleva un huipil y enaguas rosas.
Aparte de la leña que llevan a cuestas, cargan sus morrales y un manojo de
varas para hacer escobas.
Cuando ven que les hago unas fotos, protestan porque,
según ellas, están muy feas y no saldrán nada bien en las imágenes. «Kini in va
ndu, va’a ni inga kivi sakan tava un ndu’u (estamos feas, mejor otro día nos
tomas fotos)», reclaman al mismo tiempo.
Después de sus reclamos, acceden a platicar de su vida en
El Paraíso. Explican que el esposo está cosechando maíz, que por eso no tienen
leña.
Micaela confirma que los problemas que tiene la región
son la falta de médico y de trasporte público, y que lo más difícil es cuando
se enferman porque no hay forma de acudir a un hospital.
Justo en el tema de las costumbres y la policía
comunitaria, escucho el motor de un camión que se aproxima. Antes de despedirme
de ellas alcanzo a hacerles otras fotos.
Para esperar el carro, tengo que caminar cinco minutos
por un camino empinado. Se trata de un camión repartidor de cervezas. Hasta
acá, las comunidades apartadas, no llegan antibióticos pero sí llega el vicio.
El camión se detiene, el copiloto me pregunta:
–¿A dónde Vas?
–A Ayutla –le contesto.
–Mira, ya no hay cupo, acá vamos tres; si quieres puedes
irte colgado de la puerta del lado del copiloto –ofrece el conductor.
No hay de otra, acepté viajar en esa condición; cada
bache o canaleja es un brinco; y las ramas de los árboles que golpea los brazos
y la cara. Sólo así puede salir uno de esa región inhóspita.
El desafuero del diputado Saúl Beltrán Orozco se
convirtió en un juego en el que el Poder Legislativo, la Fiscalía y el Poder
Judicial se echan la bolita, mientras la impunidad mantiene su arraigo en el
fuero constitucional que los diputados del PRI y el Partido Verde con el apoyo
de la mayor parte de los del PRD lograron mantener al no incluirlo en el nuevo
Sistema Estatal Anticorrupción.
